De esta forma, Río Negro y Neuquén son las únicas provincias que tienen leyes vigentes sobre muerte digna, mientras en Córdoba, Tucumán, Mendoza y en el Congreso Nacional hay varios proyectos presentados que esperan tratamiento.

En Río Negro, el Poder Ejecutivo aprobó el jueves la reglamentación de la Ley B 4264, promulgada en diciembre de 2007, y el formulario de información que se entregará a pacientes terminales que pidan evitar tratamientos dolorosos para mantenerlos con vida.

Esa norma defiende el "derecho a la calidad de vida y a la dignidad de los enfermos terminales".

En ese grupo, la reglamentación incluyó a pacientes que sufran enfermedades irreversibles, incurables o que atraviesen su estado terminal, de acuerdo a casos de patologías que lleven a la muerte, las que tengan un final incierto o si el deceso fue estimado por profesionales en un breve lapso.

La diputada Marta Milesi, autora de la ley de muerte digna, dijo hoy a radios locales que "el hecho de que esté reglamentada ayuda muchísimo más en algunos espacios que podrían haber quedado dudas".

La legisladora radical aclaró que desde que la Ley entró en vigencia era posible aplicarla y destacó que su reglamentación fue facilitada porque "tenía casi todos los considerandos dentro del articulado".

Consultada sobre la legislación sobre muerte digna vigente en Río Negro y en Neuquén, Milesi señaló que estas provincias "se comportan diferente (del resto del país) por haber tenido una Iglesia de avanzada, con dos obispos, como fueron (Jaime) De Nevares y (Miguel) Hesayne".

"Las provincias patagónicas son más desestructadas que las provincias del norte porque hay población más joven", remarcó la diputada, y señaló que además, allí, hubo "decisión política" para avanzar en la aprobación de esas leyes.

Milesi también recordó que esas normas se enmarcan en los "derechos personalísimos" de los habitantes.

La reglamentación de la ley fue presentada en Río Negro con tres anexos en los que definen a las enfermedades terminales, los procedimientos médicos para dar soporte vital, reanimación artificial, sufrimiento inevitable, acciones para controlar síntomas del paciente y un formulario con información médico legal para que el interesado pueda expresar su voluntad.

La ley tiene una cláusula que exime de responsabilidad civil, penal y administrativa a los profesionales que actúen de acuerdo a sus disposiciones, aunque los mismos pueden manifestar su objeción de conciencia en caso de oponerse a la medida.

Obispos rionegrinos habían apoyado desde su presentación la ley de muerte digna al considerar que la legislación "debe ayudar a cuidar y acompañar (a pacientes terminales) sus últimos momentos de vida biológica, con cercanía y respeto por la vida".

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