La decisión de Oyarbide está vinculada con la causa en la que se investiga la provisión de medicamentos adulterados a la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), de parte de la empresa San Javier y de otras droguerías.

En el expediente está imputados el secretario general del gremio, Juan Zanola, su esposa Paula Aballay y el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli.

El allanamiento se hizo un día después de conocerse el desplazamiento del gerente de Prestaciones Médicas, a cargo provisionalmente de la gerencia general de la APE; Hugo Sola, vinculado al jefe de la CGT, Hugo Moyano. "Ayer [por anteayer] lo mataron y hoy [por ayer] lo enterraron", dijo a LA NACION una fuente sindical.

Fuentes judiciales detallaron que el procedimiento consumió cinco horas. La policía secuestró numerosas cajas con los expedientes de subsidios otorgados a la OSBA. Era tanto el papelerío que se necesitaron dos camionetas.

Las críticas de los sindicalistas a la CGT ligados a los "Gordos" y a los "independientes" sobre el funcionamiento de la APE eran constantes. Se quejaban de la "inequitativa distribución de los fondos" del organismo y acusaban a Sola de "beneficiar" a los amigos de Moyano.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Juan Luis Manzur, mantiene en total reserva el nombre del posible reemplazante de Sola. Si bien desea designar a un funcionario de su total confianza, intenta también conseguir el consentimiento de la Presidenta.

La causa que instruye Oyarbide se amplió a otras veinte obras sociales sindicales que también operaron con San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, el principal imputado del expediente. Este acusado es también el nexo de la causa con la investigación judicial sobre el financiamiento de la campaña del kirchnerismo en 2007. En la casa de Lorenzo, el juez encontró recibos por casi un millón de pesos de aportes a la campaña del oficialismo.