Todas las obras sociales del país deberán informar al Gobierno sobre los tratamientos para enfermedades oncológicas, hemofilia y SIDA que dieron a sus afiliados desde el 1º de enero de 2006 hasta la fecha.

La obligación se desprende de la resolución 934 que se publica este miércoles en el Boletín Oficial. La resolución indica  que las obras sociales deberán remitir un informe detallado a la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Ricardo Bellagio, antes del 30 de septiembre.

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